Magistrada Pineda bajo lupa: denuncian uso político del TUJPA y nexos con exfiscales señalados por extorsión ⚖️🔥
Documentos contradicen a Pineda: acusan fabricación de delitos y protección a funcionario cuestionado 📄⚠️
Magistrada Adriana Pineda es señalada por presunto uso político del TUJPA y vínculos operativos con exfiscales acusados de extorsión
Cuernavaca, Mor. — Nuevas denuncias públicas encendieron las alarmas en el sector judicial de Morelos, luego de que la ex presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), Ana Virina Pérez Güemes, acusara que la actual magistrada Adriana Pineda Fernández habría instrumentalizado al Tribunal para favorecer políticamente a personajes ligados a la antigua Fiscalía Anticorrupción.
En conferencia de prensa, Pérez Güemes reveló que la magistrada pidió directamente al entonces vicefiscal Edgar Urquiza —actualmente señalado por extorsión junto con el exfiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez— la apertura de una investigación por ejercicio ilícito del servicio público contra tres ex trabajadores del Tribunal.
La ex titular del Tribunal aseguró que la acusación fabricada obedecería a la negativa de Pineda Fernández de pagar el haber de retiro que legalmente le correspondía.
Pero la denuncia no quedó ahí: Pérez Güemes anunció que presentará pruebas adicionales ante diversas instancias judiciales para sustentar que funcionarios del TUJPA y ex directivos de la Fiscalía Anticorrupción habrían actuado mediante abuso de poder, utilizando instituciones públicas “para fines personales y políticos”.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la presunta relación de apoyo que, según versiones internas del Tribunal, la magistrada Pineda habría mantenido con Edgar Urquiza, a quien, señalan, dio entrada nuevamente al TUJPA a través de contratos financiados con recursos del Tribunal, aun cuando enfrenta señalamientos graves por presunta extorsión y fabricación de delitos durante su gestión como vicefiscal anticorrupción.
Las acusaciones, de comprobarse, implicarían una red de complicidad que habría derivado en la utilización de instituciones judiciales para fabricar procesos y presionar a ex servidores públicos.
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