El reciente decreto del Congreso de Aguascalientes, que declara las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural, ha generado debate jurídico. Si bien la SCJN estableció en 2022 que los estados no pueden emitir declaratorias de patrimonio inmaterial, la medida busca preservar tradiciones arraigadas en la identidad local, como la Feria de San Marcos. Paralelamente, la prohibición de narcocorridos en espacios públicos —con penas de hasta 1 año de prisión— refleja un esfuerzo por alinear el marco legal con el principio de prevención del delito (Art. 10 de la Ley de Cultura).
Aunque organizaciones animalistas cuestionan la validez constitucional de la declaratoria, el Congreso estatal argumenta que su enfoque es integral: proteger expresiones culturales históricas, al tiempo que limita la glorificación de la criminalidad. Este caso podría sentar un precedente para otros estados que busquen regular manifestaciones artísticas sin vulnerar libertades. La discusión sigue abierta: ¿Dónde trazar la línea entre tradición, legalidad y derechos fundamentales?
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